Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa: Explicamos el secuestro prendario

Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa: Explicamos el secuestro prendario

por

Pachi Tabera
31 años
Abogada
Delegada de la Asociación UCU Jujuy

#ConsumidoresInteligentes

Nos encontramos en una nueva columna a fin de separar la paja del trigo en el tenso tema de los secuestros de vehículos que tienen prenda.

La tensión se genera entre lo que son derechos del consumidor y el derecho del acreedor (Banco, Automotriz, etc.) a cobrar la deuda mediante el secuestro y subasta del vehículo prendado.

Cansados de ver abusos y procesos judiciales que se desgarran las vestiduras en nombre de la Ley de Prenda y echan por tierra el resto de la legislación, nos pusimos a hacer algo que se llama “diálogo de fuentes” vamos a contarles cuáles son los límites de éstos derechos, y cómo éstos DEBEN ser ejercidos al interpretar la legislación como un TODO y dejar de torcerla según la conveniencia.

Imagen: Expansión.mx
  • La ley de prenda con registro:

Para arrancar a hablar les contaré un poco sobre el eje del mal, ¡perdón!, sobre la Ley de Prenda con Registro quise poner. Dicha ley, en su momento nació como un Decreto Ley, un decreto ley es una norma dictada por el Poder Ejecutivo sin que tenga la medida intervención o autorización previa del Congreso.

En éste país, nuestros Presidentes han dictado Decretos de todos los colores a lo largo de nuestra historia, con mayor o menor tino y con motivos más o menos razonables, pero éste en particular se destaca por haber sido dictado en el año 1946. Es decir que no sólo es anacrónica porque se dictó en un mundo mucho anterior al actual mundo jurídico y complejo que vivimos, sino que además fue emanado por un Presidente de facto. Es decir que éste ejemplar legislativo es hijo nada menos de que una de las épocas más oscuras, inconstitucionales y atropelladoras de la historia argentina.

El régimen de la prenda con registro, establecido por el decreto ley 15.348/46, fue dictado el 28 de mayo de 1946 en un último acuerdo de ministros del gobierno de facto que encabezaba del Dictador Edelmiro Julián Farrell. Más tarde, fue ratificado por el Congreso Nacional por Ley Nº 12.962, del 26 de marzo de 1947, casi sin modificaciones ni mayores discusiones junto con otros catorce decretos leyes sobre organización bancaria dictados entre marzo y junio de 1946.

De los considerandos de ese decreto-ley resulta a todas luces que la norma no fue pensada para regular relaciones de consumo, sino que consistió en una medida de política crediticia destinada a productores, comerciantes e industriales. Por lo tanto, la prenda con registro no fue creada para dar una herramienta al proveedor contra el consumidor, sino con un propósito de promoción económica de productores, comerciantes e industriales con el fin que éstos puedan utilizar la cosa prendada mientras está vigente la garantía.

Los destinatarios finales no fueron los consumidores en absoluto y por ello es que muchas veces la aplicación ciega y divorciada de la ley de prenda para con el régimen tuitivo del consumidor, generará un fértil campo para que afloren los abusos empresariales y los mismos queden escondidos obligatoriamente al tener el acreedor que solamente ejecutar la prenda sin dar mayores explicaciones al Juez.

  • La verdad verdadera de nuestra realidad:

En los últimos tiempos ha crecido la sensibilidad por la exigencia de proteger a los individuos frente a las grandes corporaciones. Hoy, es necesario ofrecer a la gente instrumentos idóneos para su defensa contra la prepotencia de los grupos dominantes.

Es por eso que el sistema de defensa del consumidor se erige sobre la necesidad de tutelar a quien se encuentra en una situación de desprotección frente a una relación asimétrica que debe entablar con los proveedores de bienes y servicios. Se presume que la voluntad del consumidor está desdibujada y su consentimiento restringido por la voluntad dominante del proveedor, que le hace firmar contratos pre-redactados de adhesión donde el consumidor no tiene margen de discusión o negociación alguna.

En la realidad lo que suele suceder, es que la empresa que secuestra y remata el auto del consumidor, jamás cumple con su deber de información y de trato digno cuyo génesis se encuentra en los arts. 4 y 8 bis de la LDC 24240. Recordemos que el art. 4 de la LDC N° 24240 establece que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. Dicha información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su compresión.

Por otro lado, el art. 37 de ésa misma ley dispone que en caso que el oferente viole el deber de información, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. La ley establece esa obligación de informar porque da por sentado que una de las partes tiene una posición de ventaja sobre la otra, y la receta para equilibrar esa desigualdad es empoderar al vulnerable a través de la información.

Si no sabemos las reglas del juego, nos ganan, nos vapulean en realidad, no por ser malos “jugadores” sino por no haber tenido si quiera la chance de comenzar el juego.  

Las empresas acreedoras, como mucho, informan con montos redondos, injustificados, inflados y hasta contradiciéndose constantemente. Lo que claramente genera inseguridad al deudor-consumidor. Y, si me preguntan a mí, son todas maniobras bicicleteras para hacer caer en mora al consumidor, que se genere la bola de nieve y así tener la excusa de ejecutar la prenda, secuestras, subastar y currar repartiendo honorarios de remate y otras verduras entre los amigos. Si sí, aquí otra vez sospechando, me la banco.

Esto no implica que el acreedor prendario no pueda ejecutar el crédito en caso de mora de su deudor mediante el remate del auto prendado, sino que para hacerlo debe cumplir con los principios rectores de la ley de orden público que rige las relaciones de consumo, en un procedimiento que respete el derecho de defensa del consumidor.

  • Ley de Prenda vs. Ley de Consumidor:

Frente a la evidente incompatibilidad entre esas leyes, debe prevalecer la norma más favorable al consumidor. Elementales principios de interpretación de las leyes así lo exigen. Y para consolidar ese argumento decimos que, admitida la incorporación de la Ley de Defensa del Consumidor como una ley especial y de orden público (art. 65), las modificaciones o desplazamientos de ciertas normas del derecho mercantil no se hicieron esperar en tanto que, por inspiración del principio in dubio pro consumidor (en caso de duda se favorece al consumidor) se dispusieron medidas que, como en el caso de la información, resultan relevantes para proteger a quien es considerado el ‘débil jurídico’ de la relación: el consumidor.

Aclarado, besos.

 

 

 

 

 

Se presume que la voluntad del consumidor está desdibujada y su consentimiento restringido por la voluntad dominante del proveedor, que le hace firmar contratos pre-redactados de adhesión donde el consumidor no tiene margen de discusión o negociación alguna".