Las universidades privadas

Las universidades privadas

por

Pachi Tabera
31 años
Abogada
Delegada de la Asociación UCU Jujuy

#ConsumidoresInteligentes

Nuestro bello país siempre tan consonante en sus distintas realidades tiene algo maravilloso que es la Educación Gratuita que llevó a la construcción de casas de altos estudios en todo el país.

Ahora bien, ese derecho social que intenta elevar el conocimiento de todos se da en un contexto de libre mercado, donde la oferta privada del servicio de Educación también entra en juego y nacen con ello las famosas Universidades Privadas.

A veces se cree (se mal cree) que al ser un establecimiento privado tiene derecho a imponer sus propias reglas a cualquier costo, no es tan así. En estos temas tan empatados tenemos la obligación de aportar claridad, marcar la cancha y hacer notar el senderito de las potenciales soluciones aplicables. Allá vamos:

Crédito: La Nación

En éste país prolífero de reglas, leyes, decretos, reglamentos y demás especies legislativas se logró pre-establecer hasta cómo pestañear. Como si fuera la CONMEBOL, se regló cada escenario posible argentino, y los Establecimientos Universitarios Privados no son la excepción. Por ello resalto que, a pesar de ser “privados” y tener mayor margen de maniobra en el ejercicio de la libertad contractual, éste tipo de empresas tienen reglas de juego básicas que cumplir también.

Específicamente hablando respecto de la Universidades Privadas comienzo por decirles que se les aplica la Resolución Nº 8/2003 dictada por la entonces llamada “SECRETARÍA DE COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR” perteneciente al Ministerio de Producción de Nación.

Esta Resolución dictada ya el 28 de enero del 2003 marca algunas pautas respecto de cómo debe manejarse la Universidad Privada.

Se destaca que, dentro del marco legal definido de los Derechos de los Consumidores del Servicio Educativo y de las particularidades del sector, los consumidores interesados en contratar servicios universitarios privados deben ser informados adecuadamente de los precios que exigen los establecimientos universitarios privados, por justamente, la prestación del servicio educativo en cuestión.

Esa información que se solicita es sumamente relevante y necesaria para que el Organismo estatal, en ese entonces la SECRETARÍA DE COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, pueda elaborar pautas relacionadas con las políticas de consumo, promover y focalizar la transparencia del mercado en general, y del mercado educativo en particular.

La obtención de información es importante, y esa importancia no es caprichosa, sino que se debe a que es vital para que los consumidores y usuarios puedan conocer la variedad de oferta y adoptar la decisión que realmente les convenga.

La falta de información  como también la información insuficiente o la información dada en corto plazo, le impide al consumidor (en este caso al estudiante) tener margen de maniobra suficiente para evitar sufrir un daño.  Un daño en este escenario particular de la educación universitaria privada puede ser bestial, ya que puede apuñalar los sueños de continuar una carrera y conllevará inexorablemente a alienar una herramienta de supervivencia social como lo es tener un Título para trabajar y proveerse a sí mismo.

Es por ello que el Organismo Público consideró a la hora de redactar esa Resolución que el conocimiento de los precios percibidos en los establecimientos universitarios es una herramienta indispensable como basamento de las políticas de protección al consumidor, en particular tratándose de una relación (entre la Universidad y el estudiante) que reviste las características típicas de “Contrato de Adhesión”, es decir, de contrato que el estudiante se limita a simplemente firmar sin posibilidad de objeción alguna, casi “maniatado” a someterse a lo que sea que la Universidad haya diseñado.

En este escenario es que se vislumbra la vulnerabilidad del estudiante frente a la posición dominante de la Universidad, aquí es donde se comienza a reglar de una manera determinada y proteccionista a fin de equilibrar esa balanza.

La cocina
Crédito: Punto a punto

La Resolución 8/2003 en concordancia con ello, luego de un preludio de justificaciones en el sentido anteriormente explicado, ordena a los Establecimientos Educativos Universitarios Privados que deberán informar anualmente, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR dependiente de la SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, el VALOR TOTAL DE LA CUOTA MENSUAL que perciben por la prestación del servicio educativo universitario y TODA OTRA EROGACIÓN OBLIGATORIA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE DICHOS SERVICIOS (como por ejemplo podría ser la famosa “matrícula anual”).

En un segundo artículo esa Resolución detalla específicamente los puntos que deberán informar a la mencionada Autoridad de Aplicación, a saber:

  • Importe de la matrícula de inscripción de cada año, en caso de existir.
  • Costos del curso del examen de ingreso, en caso de existir.
  • Valor total de la cuota o arancel mensual.
  • Otros conceptos mensuales obligatorios, por ejemplo: biblioteca, servicio médico, deportes, fotocopias, etc.)
  • Cantidad de cuotas que se percibirán en el año lectivo.
  • Cantidad de años mínimos necesarios para acceder al Título.
  • Forma y plazo de pago de las cuotas.
  • Monto y criterios de aplicación de los recargos en caso de mora.
  • Monto del derecho a rendir examen de cada asignatura
  • Monto del derecho a recursar una asignatura.
  • Costo de Libreta Universitaria.
  • Costo de Certificado Final o Diploma.
  • Monto de otros conceptos obligatorios de frecuencia distinta a la mensual.

En un tercer artículo dice cuándo deberá informarse esto, y dice que esta información es la correspondiente al “período lectivo inmediato siguiente”, específicamente pone de plazo que dicha información debe ser presentada el 15 de febrero de cada año en la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR dependiente de la SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, justamente pensando en que el estudiante necesita un importante margen de tiempo a fin de sopesar si va a seguir en dicho establecimiento o no.

Informarle al estudiante de manera apremiante lo imposibilita de decidir, lo vulnera, y eso no puede ser permitido ya que haría que el consumidor no tenga más remedio que aceptar coaccionado por la premura del tiempo y eso se consideraría una modalidad abusiva, más allá de haber incumplido con el deber de información que por el artículo 4 de la Ley 24240 pesa sobre los hombros de la empresa, en ese caso de la Universidad.

Recordemos, ya que estamos, que ese artículo 4 en el cual se basa la Resolución que aquí explico, además dice que la información debe ser otorgada en “soporte físico” es decir que debe haber una notificación fehaciente de todo lo relativo al contrato y servicio entre estudiante y establecimiento.

Por ende, las preguntas del millón ahora son:

¿Las Universidades Privadas informaron a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR dependiente de la SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR lo requerido en la Resolución 8/2003?

¿Lo informaron antes del 15 de febrero de 2019 lo correspondiente al ciclo lectivo 2020?

¿Son los mismos montos los que informaron a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR dependiente de la SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR que lo que les dicen ahora a los estudiantes?

¿La información a los estudiantes se les dio de forma clara, detallada, gratuita y en soporte físico como ordena el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor?

Mmm, continuará…

Es por ello que el Organismo Público consideró a la hora de redactar esa Resolución que el conocimiento de los precios percibidos en los establecimientos universitarios es una herramienta indispensable como basamento de las políticas de protección al consumidor, en particular tratándose de una relación (entre la Universidad y el estudiante) que reviste las características típicas de 'Contrato de Adhesión'".