Las tarifas: El tema tabú de los últimos 4 años

Las tarifas: El tema tabú de los últimos 4 años

por

Pachi Tabera
31 años
Abogada
Delegada de la Asociación UCU Jujuy

#ConsumidoresInteligentes

Esta columna, a diferencia de las anteriores, viene a hacer las veces de reflexión más que de conocimiento específico sobre la materia de Derecho del Consumidor.

El tema “tarifazos” tocó nuestras puertas ya en 2016 y no dejó de ser trending topic desde entonces, aunque más que tocarlas las volcó. El cachetazo de los tarifazos fue (y sigue siendo en algunas provincias como Jujuy) una boa constrictor que va enredando, comprimiendo y sofocando agónicamente las economías familiares de todos los ciudadanos. A menos que seas hijo de Blaquier, Macri o Pérez Companc, este tema te afecta ¡y mucho!

La cocina

Éste tema de los aumentos tarifarios comenzó, como dije, en 2016 cuando se realizó el primer golpe al bolsillo de los usuarios con un brutal aumento en el servicio público de Gas y que fue protagonizado por el tan cuestionado Ministro de Energía Aranguren, quien al mismo tiempo que autorizó el aumento era nada menos que accionista de Shell (directamente enriquecido con su propia medida), tenía empresas off shore por lo que fue denunciado y AFIP graciosamente le condonó una deuda de más de $200 mil en 2017, entre otras “desprolijidades” que causaron su repudio social. Pero la Justicia Federal se puso de pie al notar que, en dicho marco de irregularidades del Ministro, el tarifazo se había hecho de buenas a primeras y SIN AUDIENCIA PÚBLICA, por lo que en el “fallo CEPIS” se ordenó suspender el aumento hasta tanto se cumplan las modalidades constitucionales para hacerlo.

  • LA AUDIENCIA PÚBLICA:

Bueno, suspendido todo, se celebraron las famosas audiencias públicas de ley. Lo que más que contentar formalmente la opinión pública y cumplir con la teoría, no sirvió para nada. En mi opinión las audiencias públicas pasaron de ser “inexistentes” a “inocuas”, ese es todo el avance que se logró, nada.

Estas audiencias no se celebraban siquiera, bueno OK, ahora se celebran peeeeeero ¿cómo se celebran? Con pliegos sobre los nuevos “costos” del servicio que respaldarían el intentado aumento pero que son diseñados y escritos sin prueba alguna de los supuestos “aumentos de costos”. Además, convocan a toda la sociedad civil a participar, ciudadanos de a pie, organizaciones de consumidores, etc., ¿para qué? Para nada, ni la opinión ni las solicitudes de ninguno de los partícipes es vinculante ni para las empresas ni para el Estado. En resumidas cuentas es como si organizaran un evento (podría ser una merienda ya que estamos, que por lo menos hayan alfajores) donde se comen un par de puteadas y frenteadas varias, cierran y aumentan lo que quieren y cómo quieren porque simplemente tienen las facultades para hacerlo. Un sistema perverso lleno de huecos que permiten la abusividad de una posición dominante: la que gobierna.

  • LOS SERVICIOS PUBLICO SON DERECHOS HUMANOS:

Concebir el acceso de la ciudadanía al agua y a la energía como un derecho humano cuyo garante sean los Estados es una tendencia mundial.

La tendencia lo largo de las distintas exposiciones sobre el tema alude a la situación que los servicios públicos transitan actualmente, concluyéndose que “desarrollo personal y económico han de ser valores a proteger en el marco del bienestar social”.

Es por ello que la concepción del servicio público como derecho humano implica una nueva concepción en la que la persona usuaria debe ser la protagonista, por lo que el usuario debe participar de las decisiones de políticas públicas de servicios esenciales. En la misma línea, se debe destacar la intervención ciudadana en torno a la aplicación de la proporcionalidad de las tarifas por la obtención del servicio.

La piedra fundamental en ésta tendencia, es lograr energía asequible y agua limpia, todo en orden a comenzar a transitar la ruta del Desarrollo Sostenible. En concreto, de cara al sostenimiento de los servicios públicos como derecho humano, resulta crucial la defensa del acceso a la energía y al agua en condiciones favorables para la población. Se pretende garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, además del mantenimiento de redes de saneamiento para todo el mundo, como así también está la garantía de acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, en previsión de aumentar el uso de fuentes sostenibles con el planeta.

Es así que se entiende que la planeación, como función de la administración pública, puede ser de diversas clases según el sector, la actividad o la función a la que se refiera. Si se alude a alguna de las grandes actividades sociales, se habla de la planeación económica o de la planeación social; hoy en día, ambas se integran en el concepto de planeación del desarrollo. El concepto de “desarrollo”, tan usado en los tiempos que corren, está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad, lo que establecería una condición de acceso a los servicios sociales y a la participación social activa.

En conclusión, la prestación de los servicios públicos es un derecho humano y por ende, garantizarlos es una obligación del Estado. La falta de los mismos es atentar contra el individuo, es decir, la no prestación de estos servicios es una violación a los derechos humanos de los individuos y de las comunidades.

  •  EL JUEZ QUE SE ANIMÓ:

Entre todo el desazón que provocan estas tarifas impagables que confiscan los sueldos de la población, aparecen los héroes sin capa. Uno de ellos es el Juez Alejo Ramos Padilla que dictó la famosa cautelar donde ordenó a las empresas prestatarias del servicio público de gas de todo el país suspender los cortes de servicio por falta de pago.

Aquí el juez distingue el servicio de gas como básicamente un derecho humano, un necesidad básica y esencial para la vida de la persona y destaca que bajo ningún punto de vista es “un bien suntuoso” por lo que “cortarlo” como mecanismo para recaudar una deuda es de suma gravedad. 

En otro tipo de casos hemos visto el mismo principio, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa” como siempre digo yo, si hay deuda del usuario, gatillen un abogado y ejecútenla cobrándose todo con los intereses que corresponden pero con un tope de embargo del 20% del sueldo del usuarios, pero no utilicen la válvula de presión de la falta de suministro solo para que las prestatarias se ahorren el costo del juicio ejecutivo.

Este fallo del Juez Ramos Padilla consideró al servicio de gas como un servicio público esencial resguardado por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la situación de vulnerabilidad de las familias afectadas, logrando que se les garanticen los servicios públicos elementales y que las razones estrictamente económicas no condicionen la calidad de vida de los ciudadanos.

El fallo, lamentablemente fue apelado por el Ministerio de Energía y por el ENARGAS, es decir por el Estados ¡por nuestros propios representantes! 

Los jueces de alzada Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, con un tibio tecnicismo lo revocaron por “vedar facultades propias de la autoridad de aplicación al imponer la continuidad en la prestación del suministro e impedir los cortes derivados de la falta de pago”.y “que los jueces del interior no tienen competencia para atender cuestiones vinculadas con las tarifas de gas, que solo son los de Capital Federal”.

Entiendo el tecnicismo como operadora jurídica que soy, lo que no entiendo es cómo pueden dormir de noche los jueces que se ciñen de eso para dejar a familias enteras y personas mayores morir (literal) de frío en invierno, situación que no exagero y que literalmente hemos podido leer como preocupante noticia en los diarios argentinos.

  • ¿QUÉ PASA EN JUJUY?:

 Por último, nos referimos a situación de las provincias y en particular de mi Jujuy querido donde estos últimos días hay marchas masivas por los aumentos en servicio de energía y agua, y la baja de miles de beneficiarios que tenían Tarifa Social.

Hay mucho ruido en el ambiente, tanto del oficialismo que hace declaraciones tibias y parciales porque sólo manifestó una porción del problema (el que no era su culpa, obvio) y de la oposición que aprovecha la arenga social y la carnicería.

Pongamos un poco de orden al caos: 

 

  1. El año pasado el ex presidente Macri decreto que la Nación dejaría de hacerse cargo de la famosa Tarifa Social, pasando la pelota a las Provincias. Jujuy mediante SUSEPU lanzó un “re-empadronamiento” para que los usuarios beneficiados por la misma se acerquen a la oficina a solicitarla nuevamente, bajo pena de cortar el beneficio a los que no lo realicen. Ahora, vencido el plazo para hacerlo, se procedió con el corte del beneficio y la factura llegó con el cálculo sobre la tarifa común, por lo que la diferencia entre un mes a otro a más de uno le dio un infarto. 

 

Dos cosas, hay situaciones de supuesto error que si así son deben reclamarse y litigarse si es necesario, pero si te dieron la baja el beneficio por no haberte reempadronado no hay mucho para reclamar por parte del usuario. Al pan: pan, y al vino: vino.

 

  1. A nivel Nacional el Presidente decretó que iba a haber un congelamiento de tarifas por seis meses, lo que a mi criterio me parece en principio una medida prudente si se hace con el fin de analizar el campo y trazar un plan de acción beneficioso para la ciudadanía. En ese decreto “invita” a las provincias a sumarse a la tendencia.

Nuestro Gobernador de Jujuy no se suma a la tendencia y los organismos administrativos con la empresa prestataria realizan un aumento de tarifas. ¿Pueden hacerlo? Sí pueden, porque es su facultad provincial y por ello pueden hacer oídos sordos a la “invitación” de Nación. Pero sobretodo pueden hacerlo porque son los ciudadanos quienes mediante el voto les dieron a estos gobernantes y funcionarios que tomaron esa decisión el poder para hacerlo. 

Es por eso que hay cosas, como el problema de las tarifas, que no son un debate jurídico, sino político, y por ende los problemas que la gente sufre a raíz de eso deben ser resueltos por la misma gente en las urnas más que en Tribunales.

 

Es por eso que hay cosas, como el problema de las tarifas, que no son un debate jurídico, sino político, y por ende los problemas que la gente sufre a raíz de eso deben ser resueltos por la misma gente en las urnas más que en Tribunales.